La Cámara Quinta Civil y Comercial de Mendoza confirmó el fallo de grado que admitió la acción por simulación que inició una trabajadora contra sus ex empleadores –un matrimonio-, alegando el desprendimiento de bienes intencional por parte de los demandados, tendiente a evitar saldar una acreencia a su favor, generada tras un juicio laboral.

En particular, el Tribunal de Apelaciones destacó que los demandados habían guardado “absoluto silencio respecto de los motivos que los llevaron a desprenderse de sus inmuebles en un corto lapso, no pudiéndose admitir que esto fuere por necesidades económico-financieras”, ya que algunas de las transferencias se efectuaron a favor “de hijos de los demandados”.

Tales circunstancias constituyen “una fuerte presunción de que la única intención de los accionados fue quedar en estado de insolvencia frente a las obligaciones que debían afrontar, entre las cuales se encuentra la de la actora, acreencia ésta que tampoco fue discutida”, precisaron los magistrados Adolfo Rodríguez Saa, Juan Serra Quiroga y Oscar Martínez Ferreyra.

En el caso, una trabajadora, que contaba con un crédito laboral a su favor en función de una sentencia judicial, demandó al matrimonio que la había empleado alegando la existencia de una simulación tendiente a no pagar el dinero adeudado. La actora sostuvo que sus ex patrones habían transferido sus bienes, algunos de ellos a sus propios hijos, con la finalidad de no saldar sus deudas.

El juez de grado admitió la acción por simulación iniciada por la trabajadora y dispuso la adopción de las medidas necesarias para poner al descubierto las transferencias ficticias efectuadas por los demandados. Entonces, los accionados interpusieron un recurso de apelación contra esta sentencia, insistiendo en el carácter real de los negocios celebrados.

En primer lugar, la Cámara explicó que en casos de simulación “la cobertura es el acto que se ataca, lo que se ve”, pero que “el modo en que se llega a tal cobertura, o bien el acto que se ha pretendido ocultar, o bien la inexistencia de tal acto, no son conocidos por el tercero”.

El tercero afectado por la simulación “sólo puede apelar a los rastros que podría haber dejado esta última, o bien a la falta de coincidencia entre lo que las partes han declarado y otra situación, sea fáctica o jurídica”, señaló el Tribunal de Apelaciones provincial.

Luego, la Justicia de Alzada manifestó que “la prueba de la simulación que puedan aportar los terceros no tiene la limitación que el contradocumento impone a las partes, teniendo a su favor todos los medios probatorios posibles, porque ellos se encuentran en desventaja con respecto a las partes”.

Por eso, al los terceros se les permite “ofrecer el dicho de testigos y cualquier elemento presuncional que pueda llevar a la convicción del juzgador de estar en presencia de un acto ficticio”, precisaron los magistrados mendocinos.

Acto seguido, el Tribunal de Apelaciones local sostuvo que “si bien la alegación o demostración de la causa simulandi no es indispensable, el motivo por el cual en definitiva se llevó a cabo el acto viciado tiene una importancia capital, pues no sólo sirve para explicar su otorgamiento, sino que por sí misma constituye una presunción”.

Sin embargo, la causa simulandi debe ser apreciada con un criterio “riguroso” pero “ha de analizarse con gran libertad por el juzgador, teniendo en cuenta las dificultades prácticas del hecho a demostrar”, agregó la Justicia de Alzada mendocina.

Dicho eso, la Cámara Civil y Comercial afirmó que “para el demandado por simulación no es suficiente negar la existencia de los hechos fundantes alegados por un tercero del negocio jurídico atacado, o sólo cuestionar las pruebas que este haya aportado, sino que cabe exigirle que aporte pruebas convincentes”.

Por lo tanto, el Tribunal de Apelaciones de Mendoza rechazó el recurso de apelación del matrimonio codemandado y confirmó la sentencia de primera instancia que había determinado la existencia de una simulación.

Fuente: www.diariojudicial.com.ar

La Cámara Quinta Civil y Comercial de Mendoza confirmó el fallo de grado que admitió la acción por simulación que inició una trabajadora contra sus ex empleadores –un matrimonio-, alegando el desprendimiento de bienes intencional por parte de los demandados, tendiente a evitar saldar una acreencia a su favor, generada tras un juicio laboral.

En particular, el Tribunal de Apelaciones destacó que los demandados habían guardado “absoluto silencio respecto de los motivos que los llevaron a desprenderse de sus inmuebles en un corto lapso, no pudiéndose admitir que esto fuere por necesidades económico-financieras”, ya que algunas de las transferencias se efectuaron a favor “de hijos de los demandados”.

Tales circunstancias constituyen “una fuerte presunción de que la única intención de los accionados fue quedar en estado de insolvencia frente a las obligaciones que debían afrontar, entre las cuales se encuentra la de la actora, acreencia ésta que tampoco fue discutida”, precisaron los magistrados Adolfo Rodríguez Saa, Juan Serra Quiroga y Oscar Martínez Ferreyra.

En el caso, una trabajadora, que contaba con un crédito laboral a su favor en función de una sentencia judicial, demandó al matrimonio que la había empleado alegando la existencia de una simulación tendiente a no pagar el dinero adeudado. La actora sostuvo que sus ex patrones habían transferido sus bienes, algunos de ellos a sus propios hijos, con la finalidad de no saldar sus deudas.

El juez de grado admitió la acción por simulación iniciada por la trabajadora y dispuso la adopción de las medidas necesarias para poner al descubierto las transferencias ficticias efectuadas por los demandados. Entonces, los accionados interpusieron un recurso de apelación contra esta sentencia, insistiendo en el carácter real de los negocios celebrados.

En primer lugar, la Cámara explicó que en casos de simulación “la cobertura es el acto que se ataca, lo que se ve”, pero que “el modo en que se llega a tal cobertura, o bien el acto que se ha pretendido ocultar, o bien la inexistencia de tal acto, no son conocidos por el tercero”.

El tercero afectado por la simulación “sólo puede apelar a los rastros que podría haber dejado esta última, o bien a la falta de coincidencia entre lo que las partes han declarado y otra situación, sea fáctica o jurídica”, señaló el Tribunal de Apelaciones provincial.

Luego, la Justicia de Alzada manifestó que “la prueba de la simulación que puedan aportar los terceros no tiene la limitación que el contradocumento impone a las partes, teniendo a su favor todos los medios probatorios posibles, porque ellos se encuentran en desventaja con respecto a las partes”.

Por eso, al los terceros se les permite “ofrecer el dicho de testigos y cualquier elemento presuncional que pueda llevar a la convicción del juzgador de estar en presencia de un acto ficticio”, precisaron los magistrados mendocinos.

Acto seguido, el Tribunal de Apelaciones local sostuvo que “si bien la alegación o demostración de la causa simulandi no es indispensable, el motivo por el cual en definitiva se llevó a cabo el acto viciado tiene una importancia capital, pues no sólo sirve para explicar su otorgamiento, sino que por sí misma constituye una presunción”.

Sin embargo, la causa simulandi debe ser apreciada con un criterio “riguroso” pero “ha de analizarse con gran libertad por el juzgador, teniendo en cuenta las dificultades prácticas del hecho a demostrar”, agregó la Justicia de Alzada mendocina.

Dicho eso, la Cámara Civil y Comercial afirmó que “para el demandado por simulación no es suficiente negar la existencia de los hechos fundantes alegados por un tercero del negocio jurídico atacado, o sólo cuestionar las pruebas que este haya aportado, sino que cabe exigirle que aporte pruebas convincentes”.

Por lo tanto, el Tribunal de Apelaciones de Mendoza rechazó el recurso de apelación del matrimonio codemandado y confirmó la sentencia de primera instancia que había determinado la existencia de una simulación.

Fuente: www.diariojudicial.com.ar

La Cámara del Trabajo, en un fallo dividido, condenó en forma solidaria a dos empresas por el despido de un trabajador, que se dedicaba al transporte de divisas y valores. La sentencia alcanzó a la empresa que se encargaba del transporte de los bienes en sí, por vía de tercerización, y también a la entidad financiera que contrataba ese servicio.

La Sala IX del Tribunal tomó la decisión por mayoría, la que estuvo integrada por los vocales Roberto Pompa y Gregorio Corach, quienes explicaron que correspondía la condena solidaria pues "los servicios de transporte de caudales que utilizaba la empresa codemandada fueron contratados a la demandada, tal como surge de la prueba pericial contable y prueba informativa".

La mayoría de la Cámara de Apelaciones entendió que era aplicable el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, "toda vez que la actividad financiera que constituye el giro comercial de la empresa demandada se agota cuando finaliza el transporte, lo que convierte a esto último en parte de su actividad principal".

"La empresa usuaria del servicio de transporte mal podría cumplir con su giro comercial sin ninguna custodia de las divisas y valores comercializados, cuyo transporte  contrata a su costo", puntualizaron los vocales Pompa y Corach.

Entre tanto, el magistrado Álvaro Balestrini votó en disidencia y sostuvo que correspondía eximir de responsabilidad a la empresa financiera pues "para que nazca el reproche de responsabilidad previsto en el artículo 30 es menester que la empresa se desligue de su actividad normal y específica, recurriendo a figuras de contratación o subcontratación para la realización total o parcial de la misma".

"Las tareas desarrolladas por el actor no pueden considerarse pertenecientes o propias del giro normal y específico de la actividad de la empresa codemandada" ya que "no existen en autos, elementos que permitan inferir que hubiere mediado cesión de actividad propia ni total ni parcial de modo que permita considerarse aplicable al sub lite la solidaridad", precisó el juez disidente.

En el caso, un trabajador que operaba como custodio y chofer de un camión que trasladaba divisas y valores, se colocó en situación de despido indirecto debido a que le adeudaban salarios. El juez de grado admitió la demanda y condenó, en forma solidaria, a la empresa de transporte, a la entidad financiera que contrató el servicio de transporte y a un accionista codemandado.

El fallo de grado fue apelado por la empresa financiera condenada en forma solidaria y también por el accionista alcanzado por la sentencia. Ambos recurrentes afirmaron que la condena no correspondía y sostuvieron que no existía un vínculo entre las empresas que justificara la solidaridad.

En primer lugar, la Cámara del Trabajo señaló que "si bien a través de la segmentación de su proceso productivo la demandada tercerizó las tareas de traslado y custodia de los valores que transportaba, lo cierto es que el actor se encontró incorporado de modo permanente a la actividad de la misma en los términos del artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo".

Por ende, "la mencionada actividad resultó ser, en esa segmentación, coadyuvante y necesaria para el cumplimiento del objeto principal de la empresa en los términos del artículo 30 mencionado", puntualizaron los magistrados del Fuero Laboral.

Entre tanto, con relación al accionista codemandado, el Tribunal de Apelaciones consideró que correspondía eximirlo "totalmente de responsabilidad", pues "de las pruebas producidas no surge que hubiera habido fraude laboral como para extender la responsabilidad solidariamente a dicha persona física".

Por lo tanto, la Cámara del Trabajo revocó la sentencia de grado en cuanto había condenado al accionista codemandado y confirmó el pronunciamiento en cuanto impuso una condena solidaria a las dos empresas accionadas, la transportista y la entidad financiera.

Fuente:  www.diariojudicial.com